En los últimos 20 años, la educación superior pública en Colombia se ha visto afectada por toda la implantación estatal del modelo de educación funcional al mercado neoliberal, esto enmarcado en la aprobación de la ley 30 (1992). Con la intensión de profundizar el modelo, aparece en la escena el gobierno de Juan Manuel Santos y su ministra María Fernanda Campo, que proponen la reforma a Ley 30 de 1992, instrumentalizando la dinámica universitaria a las necesidades del mercado y los grandes monopolios del capital en Colombia, haciendo más honda a su vez la grave crisis presupuestal de las universidades y desconociendo la imposibilidad de acceso a esta educación por parte de la inmensa mayoría del pueblo colombiano. En contravía a esta situación, la movilización estudiantil se hace y se deshace, actúa y se repliega, va construyendo al mismo tiempo una manera distinta de hablarle a la sociedad, generando fuerza con los estudiantes que ingresan actualmente, pero a su vez generado simpatía y solidaridad de la opinión pública en Colombia, acostumbrada a una cultura política menos rígida que en las generaciones anteriores.  Ese fue el caso de la movilización que enfrentó la reforma a la Ley 30 en el año 2011, movilización que logró niveles históricos de participación y que produjo el retiro de este proyecto de ley por parte de Juan Manuel Santos debido a la presión política de toda la sociedad en su conjunto.