Petrona Urízar, una viuda mestiza, se presenta ante alcaldes indígenas en Santa Cruz del Quiché, Guatemala, para que le ayuden a encontrar y castigar a los asesinos de su marido. Una vez capturados, los sicarios confiesan su crimen por lo que la viuda pide la pena de muerte para ellos.

Dado que el derecho maya no contempla la pena capital se decide en asamblea remitir a los culpables a la justicia oficial, dando lugar a una compleja coordinación entre sistemas jurídicos. El proceso fue filmado por camarógrafos no profesionales de la comunidad.

Años después se inició un proceso de colaboración entre los alcaldes k’iche’ y los antropólogos Rachel Sieder y Carlos Y. Flores que dio vida a este documental.